Carlos Subero

El Universal

Caracas.- El fiscal general de la República, Iván Darío Badell, recibió la semana pasada una denuncia del Consejo Supremo Electoral en contra de 12 gobernadores de estado y 17 alcaldes presuntamente incursos en ilícitos establecidos en el artículo 224 de la Ley Antidrogas, al no presentar su respectiva rendición de cuentas sobre el origen del financiamiento de sus campañas electorales, según se confirmó en fuentes del Ministerio Público y del CSE.

La denuncia, que pide abrir un procedimiento sumario ante los tribunales, fue recibida el pasado martes 10 de junio y afecta a los gobernadores de estado y alcaldes de la región capital y de los municipios de las capitales de estado que no cumplieron con la ley. Ellos son los siguientes:

Gobernadores

1. Dennis Balza, Anzoátegui: AD.

2. Didalco Bolívar, Aragua: MAS.

3. José A. Galíndez, Cojedes: AD.

4. José Curiel, Falcón: Copei.

5. Orlando Fernández, Lara: MAS.

6. Rafael Tovar, Nueva Esparta: Copei.

7. Ramón Martínez, Sucre: MAS.

8. Ricardo Méndez Moreno, Táchira: AD.

9. Luis E. González M., Trujillo: AD.

10. Francisco Arias Cárdenas, Zulia: La Causa R.

11. Bernabé Gutiérrez, Amazonas: AD.

12. Emeri Mata Millán, Delta Amacuro: MERI-Copei-AD.

Alcaldes

1. José Salazar, Barcelona, Anzoátegui: AD.

2. Simón Emilio Navas: San Fernando de Apure: AD.

3. Estela Roca de Azuaje: Maracay, Aragua: AD.

4. Héctor Barrios, Ciudad Bolívar, Bolívar: AD.

5. Francisco Cabrera, Valencia, Carabobo: Proyecto Carabobo.

6. Teófilo Jesús Rangel, San Carlos, Cojedes: Copei.

7. Julio Torrealba, San Juan de los Morros, Guárico: AD.

8. Macario González: Barquisimeto, Lara: MAS.

9. Freddy Martínez: Los Teques, Miranda: Copei.

10. Manuel Narváez: La Asunción, Nueva Esparta: Copei.

11. José Clemente Pérez: Guanare, Portuguesa: Copei-MAS.

12. Elio Figuera Yibirín: Cumaná, Sucre: MAS.

13. Sergio Omar Calderón: San Cristóbal, Táchira: Copei.

14. Leonardo Torres: Trujillo, Trujillo. AD.

15. Fhandor Quiroga: San Felipe, Yaracuy: Convergencia.

16. Hugo Alencar Tovar: Puerto Ayacucho, Amazonas: AD.

17. Ivonne Attas: Baruta, Copei.

Antecedentes de la denuncia

La denuncia oficial interpuesta ante la Fiscalía en contra de estos funcionarios públicos electos y en ejercicio de sus cargos que ha seguido a una serie de informaciones publicadas por este reportero sobre el desconocimiento del origen de las finanzas de las campañas electorales en Venezuela, y la poca atención que los dirigentes políticos han prestado a este asunto.

En 1994, y a la luz del escándalo político develado con el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral del presidente colombiano Ernesto Samper, el Congreso venezolano quiso poner sus barbas en remojo e introdujo un reforma a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas para evitar que los partidos políticos y grupos de electores 'reciban aportes económicos provenientes de la comisión de delitos establecidos en esta ley o de actividades relacionadas con los mismos'.

De acuerdo con esto, durante la campaña electoral regional de 1995, el CSE ordenó a todos los candidatos a cargos presentar los libros de contabilidad con sus cuentas de ingresos y egresos para ser sellados. Posteriormente ordenó presentar esas cuentas para auditarlas, fiscalizarlas y controlarlas para el fin legal propuesto en la Ley Antidrogas.

El resultado fue que sólo una cantidad ínfima de aspirantes presentó sus cuentas.

A pesar de que el lapso para presentar esas cuentas de campaña venció en mayo de 1996, después de una serie de reportajes publicados acerca del incumplimiento de la ley, la Oficina de Inspección, Fiscalización y Control de las Finanzas de los Partidos Políticos del CSE remitió hace unos dos meses misivas a quienes se encontraban en mora para aclarar de quién habían recibido el dinero para su campaña. Posteriormente les envió una segunda carta recordándoles la obligación incumplida.

Apenas dos gobernadores de estado, los de Carabobo y Barinas, y un diputado del Congreso candidato a gobernador por el Estado Zulia, Omar Barboza Gutiérrez, presentaron sus cuentas de campaña que exige la ley.

El CSE procedió entonces a hacer esta denuncia por considerar que en esa omisión podría estar el ilícito sancionable previsto en el artículo 224 de la Ley Antidrogas. Cabe destacar que la denuncia no fue presentada en contra de todos los aspirantes postulados en 1995, sino sólo se refiere a aquellos candidatos a gobernadores de estado y alcaldes de las capitales y región capital que resultaron electos.

El fiscal general de la República, Iván Darío Badell, tiene en sus manos ahora el caso para hacer el pronunciamiento que considere como garante de la legalidad. Se trata del primer caso de este tipo que le toque analizar basándose en la nueva Ley Antidrogas.

Cultura para la transparencia

A pesar de que es la Ley Antidrogas en la que se basa el CSE para solicitar la averiguación sumarial, hay que decir que en realidad no hay indicio alguno sobre el presunto financiamiento con dineros provenientes de este tipo de delito. Por la gran cantidad de candidatos que no han presentado al CSE sus cuentas de campaña, lo que parece quedar claro es la falta de cultura política para la transparencia hacia los electores.

Hasta ahora muy pocos han estado dispuestos a decir quién los financia. Voceros del CSE han señalado que, a diferencia de Colombia, en Venezuela el problema no es tanto del narcotráfico como de la corrupción, o aun menos de la sensación que tienen los candidatos electos sobre que pueden manejar el presupuesto y el sistema de decisiones políticas ejecutivas que les es asignado, favoreciendo o no a quienes han contribuido con su campaña electoral, sin dar explicaciones a los electores sobre ello.

Como ejemplo, cabe recordar que la Cámara de Diputados abrió hace dos semanas una investigación sobre declaraciones del banquero Orlando Castro, en prisión en Nueva York, en las que señaló haber financiado la campaña del presidente Caldera y a gente de todos los partidos.

Uno de ellos es el diputado Vladimir Petit, quien por cierto en 1990, cuando era secretario general de la Juventud Revolucionaria de Copei, informó oficialmente a su directorio sobre los nombres de los financistas de ese organismo. Zutano, fulano, mengano y Orlando Castro con 200 mil bolívares. Después, esta información fue utilizada por uno de los miembros del directorio para atacarlo porque aceptó investigar y exonerar a Castro en una denuncia hecha en el Congreso. 'El debió abstenerse de investigar a Castro', alegó entonces el denunciante copeyano.

Como se ve, ser transparente en el financiamiento político, como lo fue el diputado Petit en 1990, trae problemas. La paradoja de la investigación aprobada es que casi una veintena de los diputados titulares que votaron la moción no han entregado sus cuentas para que el organismo electoral sepa quién les financió su campaña política de 1995.

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