JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Bastó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informara
que Hugo Chávez había sido ratificado en su cargo
de Presidente de la República, para que en la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sacaran del congelador
decisiones polémicas que, aunque estaban aprobadas desde
hacía tiempo, no habían sido publicadas en espera
del momento adecuado.
La difusión de los fallos como los que validaron el
control de cambio, el convenio petrolero con Cuba o la reforma
al Reglamento Interior y de Debates aprobada en el improvisado
acto de El Calvario, coincidieron no sólo con la victoria
del No en el referendo revocatorio, sino también con
la jubilación del magistrado José Manuel Delgado
Ocando, ponente de todos ellos.
El retiro de Delgado Ocando fue aprobado por la Sala Plena
el pasado 28 de julio, pero no se hizo efectivo sino hasta
el 20 de agosto, pues según fuentes cercanas a su despacho
"aún tenía asuntos que resolver".
Fuentes del TSJ advirtieron que estos dictámenes,
junto al rechazo del recurso que Tulio Alvarez introdujo
contra el fiscal General, Isaías Rodríguez,
por no abrir una averiguación contra el Presidente
por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales,
no sólo buscan "terminar de blindar al Gobierno",
sino que también dejan en claro que "la oposición
tiene todas las perder aquí (en el TSJ)".
Otras fuentes aseguraron que tras su victoria, el Presidente
Chávez se habría mostrado dispuesto a "perdonar"
a algunos de sus adversarios que han sido perseguidos
por la justicia en los últimos meses. Entre los
beneficiados por este indulto no oficial estarían
los directivos de la asociación civil Súmate,
quienes fueron acusados por la Fiscalía de conspiración
y cuyo caso parece no haber avanzado.
No obstante, ese perdón no sería extensivo
a todos los opositores, tal y como lo demuestra el
hecho de que al general (r) Carlos Alfonzo Martínez
el Ministerio Público le sumó acusaciones
el pasado 23 de agosto por conspiración, incitación
a la conspiración y rebelión civil por haberse
declarado en "desobediencia legítima" y haber
tomado la plaza Altamira.
La imputación se produjo contra el oficial
disidente apenas dos semanas después de que
el Tribunal 28 de Juicio lo condenase a cinco años
y medio de prisión por haber violado una zona
de seguridad, al encabezar una manifestación
frente a la plaza Madariaga.
Sin embargo, voceros interrogados dos auguran
una época de calma en los predios de Dos
Pilitas, al menos hasta que comiencen las discusiones
en el Asamblea Nacional sobre la designación
de los 17 nuevos magistrados.
"Todos los recursos que han llegado contra
la nueva Ley del TSJ fueron admitidos, nadie
debería extrañarse que anulen algún
artículo, si en la lista figura algún
nombre que no le agrade a los tres de la Sala
Constitucional (Iván Rincón Urdaneta,
Jesús Eduardo Cabrera y Carmen Zuleta de
Merchán)", advirtieron las fuentes consultadas,
las cuales indicaron que esos fallos también
pueden salir del congelador a fin de garantizar
la supervivencia de los actuales miembros del
TSJ.
Asimismo recuerdan que la incorporación
de los nuevos magistrados puede romper el
pacto para que el sillón de la presidencia
del máximo juzgado lo ocupe el actual
vicepresidente, magistrado Omar Mora Díaz
(Sala Social), quien está a la espera
desde hace más de dos años.
También destacan como un ejemplo de
esa calma chicha que se respira al final
de la avenida Baralt, el hecho de que la
vicepresidenta de la Sala Penal, Blanca
Rosa Mármol de León, aún
no haya tenido que acudir ante la instancia
que interpreta la Constitución para
explicar por qué inició los trámites
para decidir si procedía o no el avocamiento
en el caso Súmate.
Habrá que esperar a ver cómo
se desarrollan los acontecimientos.
jalonso@eluniversal.com
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