GUSTAVO MÉNDEZ
EL UNIVERSAL
Conformar una alianza para defender sus derechos como ciudadanos,
la cual pasa por el diálogo con los representantes de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ahondar en
la responsabilidad social de la educación privada en
pro del desarrollo del país, fue el gran acuerdo que
ayer suscribieron los actores del sector privado.
Ni siquiera el polémico currículo bolivariano propició
que los presidentes de Cavep, AVEC y Andiep y que los representantes
de Fenasopadres, Red Alfa y Red de Padres, Madres y Representantes
con- versaran. Pero la resolución DM/N°66 del 20
de junio, Gaceta Oficial N° 38.957, que pone un
tope máximo de 15% de aumento a las matrículas,
propició el encuentro de todo el sector.
Si bien fue la última en tomar la palabra, la presidenta
de la Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC), Hermana Sor Nubia Marín, fue la encargada de
anunciarlo. "El ministro, Héctor Navarro, después
de presentarles los estudios socieconómicos de los colegios
que no son subsidiados, nos ha prometido una reconsideración
de la resolución. Pedimos que no sea sólo para la
AVEC sino para las otras asociaciones que tienen un fin noble
de educar. No se trata sólo de los derechos de los padres,
sino de los maestros. Las instituciones tampoco pueden especular
con la educación", informó.
Pese a que la praxis demuestra que el Gobierno no es dado
a las reconsideraciones, en temas de matrícula, la hermana
se mostró optimista sobre esa posibilidad.
Al destacar que se debe obviar cualquier intención política
y de conflicto, Nubia Marín, apeló al diálogo
y a que se respeten las decisiones que hayan tomado los padres.
Derechos ciudadanos
Antes, mucho antes de Nubia Marín, tomó la palabra
la presidenta de la Asociación Nacional de Institutos
Educativos Privados (Andiep), Josefa Blanco de Farías,
quien calificó como "provocación" la resolución
del Ejecutivo.
En tal sentido, afirmó. "La resolución no se puede
cumplir porque es ilegal de hecho y de derecho. Lucharemos
contra los efectos de la misma".
En su turno, la presidenta de la Federación Nacional
de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández
de Martín, destacó que los motiva la defensa de
sus derechos como ciudadanos a elegir el modo y el tipo de
inversión en la educación de sus hijos.
"Nos preocupa que se cercenen nuestros derechos a través
de resoluciones unilaterales e inconsultas de los ministerios.
Somos corresponsables de la educación de nuestros hijos".
La vocera, exhortó, a las sociedades a ratificar los
acuerdos asumidos en las asambleas sobre el monto de las matrículas.
En cuanto a los colegios donde aún no se han celebrado
las asambleas, señaló que éstas deben estar
apegadas al derecho de los padres a determinar los recursos
que desean invertir para defender la calidad educativa de
sus hijos.
Si bien expresó la voluntad del sector privado en dialogar
con los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial para alcanzar un acuerdo, Marín fustigó
que se quiera aplicar una norma "que no guardan relación
alguna con las variables económicas y los aumentos salariales
decretados por el propio Ejecutivo".
Quieren amedrentar
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana
de la Educación Privada (Cavep), Octavio De Lamo, reiteró
que la resolución es menos una decisión económica
que política.
Tesis, según él que es confirmada por la postura
de amedrentamiento por parte del Indecu y la Guardia Nacional,
aseguró que los colegios darán cumplimiento a lo
que los padres han ratificado.
"Son ellos los que deben defender su derecho de invertir
el dinero en la educación de sus hijos, mas aun cuando
el gobierno no da la educación gratuita y de calidad
a todos los venezolanos".
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